El Gobierno evita que estas construcciones tengan las obligaciones de contar con
certificados sobre su gasto eléctrico, someterse a controles, ni recibir
consejos de ahorro por parte de las autoridades competentes.
El Real Decreto del 13 de abril obliga a que todas las viviendas que se vendan o arrienden a partir del 1 de junio tengan certificados de eficiencia energética. El precio del certificado energético tendrá de media de unos 200 euros, y se sometan a controles periódicos. También están sometidos los edificios privados de más de 500 metros cuadrados frecuentados por el público, independientemente de que se vendan o no.
E l Gobierno ha integrado dos directivas europeas, una de 2002 y otra de 2010. La
última da la opción a los países miembros de que liberen a una serie de
construcciones de la obligatoriedad de tener estos certificados, entre los que
están las iglesias, inmuebles habitados un máximo de cuatro meses al año o cuyo
consumo anual de energía no supere el 25% del anual de ese tipo de vivienda, es
decir, las segundas residencias; edificios protegidos por su valor histórico o
inmuebles menores de 50 metros cuadrados, entre otros. Industria, de quien
depende esta normativa, ha optado por eximir a todos los que le permite la UE y
añadir una excepción más: la de los edificios que se compren para reformas
importantes o demolición.
El Real Decreto del 13 de abril obliga a que todas las viviendas que se vendan o arrienden a partir del 1 de junio tengan certificados de eficiencia energética. El precio del certificado energético tendrá de media de unos 200 euros, y se sometan a controles periódicos. También están sometidos los edificios privados de más de 500 metros cuadrados frecuentados por el público, independientemente de que se vendan o no.
Estos certificados se exigían en España desde 2007, pero
solo a las construcciones nuevas. En 2011, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea obligó al Estado español a que adaptara por completo la directiva de
2002 y que los reclamara también al parque de viviendas existente. La sentencia
se ha acatado con casi tres años de retraso. En Francia, por ejemplo, los
anuncios de venta o alquiler de casas ya se acompañan de su calificación
energética.
A pesar de que no se exigirá estos certificados a las casas
de veraneo, algo que constituiría un gran nicho de mercado, el sector de la
construcción y de las energías renovables lo ha recibido con los brazos
abiertos. “Es una esperanza para la formación de empresas y trabajadores en un
campo de futuro, para el ahorro energético y para la recuperación del sector de
la construcción sobre nuevas bases”, contempla el arquitecto Carlos Hernández
Pezzi, expresidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y
gran defensor de la rehabilitación de viviendas como salida a la crisis que
atraviesa el sector.
“Supondrá un desembolso de unos 200 euros para los
propietarios, pero desde el punto de vista de quien alquila o compra, poder
ahorrar un dinero al año en electricidad o calefacción puede hacerles
decantarse e incluso pagar algo más”, opina Francisco Valverde, presidente de
la Asociación de Consumidores de Energía, fundada en 2010. En la Fundación
Renovables, grupo que busca cambiar el modelo energético con ahorro, eficiencia
y energías renovables, calculan que el precio de las viviendas se puede
incrementar hasta un 20% con la máxima calificación energética.
Las comunidades autónomas serán las encargadas de controlar
estos certificados. Tienen hasta el 14 de julio para elaborar los listados de
edificios con estas acreditaciones y han de informar cada seis meses al
Ministerio de Industria de los cambios, inspecciones y resultados. El periodo
de validez máxima de los certificados es de 10 años.
Jorge Marco, socio de la Red de certificadores energéticos,
lleva dos años preparándose para este momento. “Hemos creado un grupo de 145
técnicos energéticos repartidos por el país a los que hemos evaluado en el
manejo de los programas informáticos oficiales”, explica. Marco asegura que
desde que se anunció este Real Decreto, el 5 de abril, ha recibido numerosas
peticiones de información de particulares, empresas o patrimonialistas.
El Gobierno no ha concretado aún los profesionales que
podrán emitir los certificados, lo deja para una orden posterior que tienen que
redactar entre los ministerios de Industria, Energía, Turismo y Fomento. “Es
bastante ambiguo”, opina Adrián Sánchez, presidente de la Asociación Española
para la Calidad en la Edificación. Este colectivo ya ha solicitado al Gobierno
que acelere los trámites, ya que debe concretarse antes del 1 de junio. En el
sector entienden que se encargarán de ello arquitectos, aparejadores o
ingenieros industriales. Sin embargo, la puerta está abierta a otros técnicos.
Las estafas, los engaños y el intrusismo sobrevuelan este
nuevo mercado. Las regiones se encargarán de comprobar que los inmuebles
cuentan con estas acreditaciones y que las categorías que se les atribuyen sean
las correctas. Cuando un comprador o arrendador tenga dudas sobre la veracidad
de algún certificado podrá consultarlo en los registros, que serán públicos.
A más largo plazo, el Real Decreto fija la obligatoriedad de
que todos los edificios levantados a partir de 2020 tengan un consumo de
energía casi nulo. Abrirán camino los inmuebles públicos, que deben cumplir
este requisito en 2018.
Fuente: El Pais
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