Rechazan la Auditoría del déficit eléctrico para esconder compensaciones excesivas a centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas.
Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de estos pequeños
productores, cuenta que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, les
llegó a ofrecer en una reunión llevar sus inversiones al banco malo, donde
están todos los activos inmobiliarios de las entidades rescatadas. El ministro
de Economía, Luis de Guindos, descartó esta posibilidad públicamente poco
después.
La reforma energética ha reavivado la sensación de que las
instalaciones que no generan suficientes ingresos para cubrir la deuda caminan
hacia una expropiación encubierta. Acabarán en manos de las entidades
financieras y en última instancia, de las eléctricas. “¿Quién las va a querer
si no?”, se preguntan.
“Estas propuestas —del PP— no dan señales
de futuro, no son sanas”, dice Teresa Ribera, que fue secretaria de Estado de
Cambio Climático con el PSOE. Acaba de terminar su etapa como directora de
desarrollo estratégico de la fabricante de placas fotovoltaicas Isofotón.
La
empresa malagueña presentó concurso voluntario de acreedores en junio. Ribera
habla de un “ensañamiento ideológico contra la fotovoltaica” y de la “obsesión para
volver al sistema anterior, de los combustibles fósiles”. “Las señales que
manda el Gobierno son que tiene apuestas tecnológicas que son de pasado o de
transición, no de futuro”, añade.
Todos los recortes se han justificado por
la necesidad de reducir el déficit de tarifa, la diferencia entre lo que cuesta
producir y distribuir la electricidad y lo que realmente ingresa el sistema
eléctrico. En los primeros cinco meses del año ese agujero ha sido de 2.624
millones. En total llega a los 28.000 millones. Para que no siga engordando,
Industria se ha propuesto recortar 4.500 millones entre todos los actores del
sistema y en esa poda las energías renovables se han llevado una pérdida de
unos 1.400 millones. Al sector fotovoltaico, que cubre el 3% de la demanda
eléctrica, le tocan unos 600 millones.
Hartos de que se acuse a las renovables de
ser las causantes del déficit, la Plataforma por un nuevo modelo energético y
la asociación de pequeños productores viajaron el 21 de julio a Bruselas. Se
reunieron con el comisario de Energía, Günther Oettinger, y le pidieron que se
haga una auditoría externa al origen del déficit tarifario español. “Vinieron
con una argumentación tan bien armada que Oettinger les ha propuesto cooperar”,
explica por teléfono Inés Ayala, eurodiputada socialista.
En mayo de 2012, la Comisión Europea
emitió un informe que consideraba que el déficit tarifario español se había
generado por una “compensación excesiva de algunas infraestructuras”, como
centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas.
También “por mantener la concesión de subvenciones ineficientes y perjudiciales
para el medio ambiente a las minas de carbón”.
El Ministerio de Industria no ha
respondido a las preguntas de EL PAÍS. La patronal de las eléctricas, Unesa, ha
pedido tiempo para estudiar las nuevas normativas. El peluquero de Alicante,
sin pelo de tanto sufrimiento, considera clave que el Congreso rechazara en
junio, con los votos de 300 de los 323 diputados, que se hiciera una auditoría
del déficit eléctrico antes de la reforma del sector eléctrico. Una propuesta
que partió de Izquiera Plural. “Ahí se retrataron todos”.
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