El pasado jueves, 31 de octubre, el rodillo popular tumbó en el pleno del Congreso de los Diputados las siete enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, Izquierda Plural, UPyD, CiU, ERC, BNG y Compromís-Equo (solo el PNV, que anunció enmiendas parciales, no presentó a la totalidad) contra el proyecto de ley de reforma eléctrica aprobado por el Gobierno el pasado julio. Por una razón u otra, los partidos de la oposición rechazan el proyecto de ley, pero coinciden en que castiga a las renovables y al autoconsumo sin atajar de raíz las causas del déficit de tarifa, objetivo fundamental por el que se promulgó.
El ministro de Energía, José Manuel Soria, no consiguió convencer a nadie de que el marco normativo “va a dar estabilidad al sector y a garantizar los menores costes posibles para los consumidores”. Al contrario, recibió toda clase de lindezas: “Supondrá un desmantelamiento de las renovables”; “es un atraco que supone una normativa dictada por los grandullones codiciosos que impide una verdadera democracia energética”; “se consagra un modelo de negocio en crisis, una especie de peronismo eléctrico”… En general, la oposición cree que el Gobierno se ha limitado a presentar un nuevo parche que sólo protege al oligopolio de las empresas eléctricas a costa del desarrollo de las renovables y de los autoconsumidores, sin que ello permita acabar con el déficit tarifario.
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